El 16 de octubre de 2025, el Senado de Uruguay sancionó la ley llamada “Muerte Digna”, convirtiendo a ese país en el primero de América Latina en aprobar legislativamente la eutanasia. Con 20 votos a favor frente a 31 senadores, el pleno aprobó el proyecto que permitirá a personas mayores de edad con enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que provoquen sufrimientos insoportables acceder a la eutanasia bajo un marco regulado.
Hasta ahora, en América Latina solo Colombia y Ecuador habían permitido la eutanasia mediante decisiones judiciales; Uruguay es el primero en tener una ley parlamentaria vigente sobre este tema. La normativa exige condiciones estrictas: que el solicitante sea psíquicamente apto, que el sufrimiento sea intolerable, que se realice con consentimiento explícito, y que sea evaluado por médicos especialistas con supervisión institucional.
¿Qué implica esto para personas con PSP?
La Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP) es una enfermedad neurodegenerativa rara que provoca deterioro progresivo del control motor, equilibrio, movilidad ocular y función cognitiva. A medida que avanza, el paciente sufre limitaciones severas e imposiciones físicas crecientes, y puede enfrentarse a cuadros de dolor, pérdida de autonomía extrema y sufrimiento irreversible.
Con la nueva ley en Uruguay, personas con PSP (si cumplen con los criterios y condiciones legales) podrían tener la alternativa de solicitar eutanasia cuando su enfermedad avance a un estado irreversible y doloroso que ya no les permita una vida digna. Esto abre una puerta legal e histórica: una opción de muerte digna, en vez de mantenerse en sufrimiento sin posibilidad de reversión.
No obstante, esta posibilidad dependerá de múltiples factores:
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Diagnóstico reconocido y documentado de PSP, con progresión irreversible.
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Evaluación médica rigurosa de que el sufrimiento es “insoportable” bajo estándares clínicos.
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Que el paciente continúe siendo psíquicamente competente para consentir.
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Que el procedimiento se apruebe mediante los mecanismos previstos (comité médico, supervisión institucional).
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Que haya normativas de accesibilidad y protección frente a coacción o vulnerabilidad.
La ruta hacia su implementación
Aunque la ley ya fue sancionada por el Senado, falta su promulgación oficial y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Se espera que en los próximos meses se definan los protocolos, comisiones de revisión, requisitos de salud pública y los tiempos para su vigencia real. Se estima que la primera eutanasia legal podría realizarse en el primer trimestre de 2026, según analistas locales.
Mientras tanto, asociaciones médicas, grupos de pacientes y organizaciones de derechos humanos discuten el equilibrio entre respeto a la autonomía y protección de población vulnerable, así como la necesidad de potenciar los cuidados paliativos para quienes no optan por la eutanasia.
Para quienes padecen PSP, esta norma es un avance simbólico y potencial: no garantiza su aplicación automática, pero sí les otorga el derecho a una elección bajo condiciones reguladas que antes no existían legalmente en su región. En el horizonte latinoamericano, Uruguay pasa a marcar un hito en el debate sobre dignidad, sufrimiento y libertad de elección en el final de la vida.
